Plataforma Electoral

INTRODUCCIÓN

El presente documento esboza los lineamientos generales de un Plan de Gobierno para recuperar la esperanza y superar la crisis económica y social sobre la base de un amplio acuerdo que incluya a los diversos actores de nuestra sociedad y que permita transitar un camino sostenido hacia un desarrollo con equidad. Los marcados retrocesos impuestos en la gestión del gobierno de la Alianza Cambiemos y las siempre presentes enseñanzas, tanto en sus aciertos como equivocaciones de las gestiones gubernamentales transitadas entre 2003 y 2015, reafirman nuestra voluntad de diálogo y concertación para superar una recurrente antinomia que impide dicho desarrollo. Es tiempo de unir a todas las argentinas y argentinos para poder enfrentar juntos las complejidades de una crisis estructural. Creciente pobreza; destrucción y precarización del mercado de trabajo; marcada caída del poder de compra de salarios en un contexto de aceleramiento inflacionario; esquema tarifario que desconfiguró la economía; políticas de ajuste impuestas sobre el Estado; y endeudamiento externo que condiciona el accionar de una futura administración gubernamental, son sólo algunas de las características del presente de nuestro país. El diálogo será un eje central de nuestro futuro gobierno, reivindicando a la política como el principal instrumento de cambio social. Nuestro país necesita de un nuevo contrato social para poder superar una profunda crisis inducida por las políticas implementadas por el gobierno de la Alianza Cambiemos y afianzadas a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un nuevo contrato social requiere de compromisos para la emergencia, pero también para el mediano y largo plazo, superando las cíclicas crisis que han caracterizado a nuestra historia. Un contrato que reúna los intereses y necesidades de los diversos actores sociales (sector trabajador, sector empresarial, cooperativas, organizaciones sociales, entre otros), escuchando sus necesidades y legítimas aspiraciones, garantizando una mirada federal de las urgencias y de los desafíos de cada región y rincón de nuestro país. Aprender del pasado y recuperar las buenas experiencias es una obligación de nuestro tiempo, reafirmando la urgente necesidad de emprender un camino de crecimiento con fuerte inclusión social. A nuestro país se le presenta el desafío de abrir nuevos ámbitos políticos para la concertación económico social, para la discusión del proyecto común y del futuro, para un replanteo ético de los comportamientos sociales a todos los actores y sectores; y también para la administración de los conflictos. Un nuevo gobierno, que incluye al Partido Justicialista y cuyo espacio se encuentra integrado por los diversos sectores mencionados, cuenta con el capital simbólico, pero también el auténtico, para convocar alrededor de esta propuesta al sindicalismo, a las organizaciones sociales, a la Iglesia y diversos credos, a las universidades públicas nacionales, al sector científico-técnico, al sector de la economía social, de las PYMEs y al empresariado nacional. En nuestra historia está el futuro. Los pactos y acuerdos fueron parte sustancial en la historia argentina. Es tiempo de construir un diálogo social franco, maduro, sin exclusiones, que permita avanzar en la construcción de los pilares para un desarrollo pleno de la Argentina. Eso es lo que espera una sociedad que ya no puede esperar.

ESTADO

El Estado es el garante indispensable de los derechos de la ciudadanía, ocupando el centro de la escena para el bienestar de la sociedad a partir de la producción de bienes y servicios públicos. Esto es particularmente relevante en un contexto de inestabilidad económica, deterioro de la situación social y extrema fragilidad institucional. Así, las políticas públicas orientadas a resolver estos problemas tienen como condición esencial el fortalecimiento de las capacidades estatales para estar en sintonía con los crecientes desafíos económicos, sociales y políticos que debe asumir nuestro país. Desde una mirada integral, y tal como lo refleja la experiencia internacional, avanzar en el fortalecimiento del Estado implica abordar, de una vez por todas, cuestiones tales como:

Planificación estratégica para definir prioridades y orientar la inversión pública;
Sistema de gestión presupuestaria que otorgue eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos;
Uso intensivo de las tecnologías digitales para simplificar y fortalecer procesos y mejorar la relación con los/as ciudadanos/as;
Profesionalización de la función pública mediante mecanismos de ingreso y permanencia que garanticen igualdad de oportunidades, capacitación, desarrollo de carrera y salarios dignos.
Transparencia y rendición de cuentas para aumentar la confianza en la acción de gobierno.
Apertura a la participación social que genere una mayor legitimación de las políticas públicas.
Evaluación de programas y proyectos que permita el aprendizaje y la innovación estatal.
Mecanismos de cooperación con las administraciones públicas provinciales y municipales para coordinar acciones conjuntas.
Rejerarquización de los Ministerios de Salud, Trabajo y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Estas cuestiones posibilitarán la construcción de un Estado fuerte, promotor del desarrollo, que brinde bienes y servicios públicos de calidad para garantizar derechos y satisfacer las demandas ciudadanas del siglo XXI

DESARROLLO ECONÓMICO

El gobierno de la Alianza Cambiemos puso en marcha desde los primeros días un programa económico de neto corte neoliberal. La historia nacional demuestra que la aplicación de este tipo de programas nunca produjo los resultados que sus defensores pronosticaban. Los primeros años del actual gobierno no fueron la excepción. Lejos de contribuir al fomento del crecimiento económico, estos planes condujeron a la economía a una acelerada fase de desindustrialización -acompañada por la multiplicación del desempleo y de la precarización laboral-, al deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población trabajadora y a un decidido avance de la exclusión social. Así, el experimento neoliberal del gobierno de Mauricio Macri tiene para exhibir sólo resultados económicos catastróficos. Como suele ocurrir cuando se aplican estas políticas, el achicamiento de la producción y el empleo nacionales vinieron acompañados, además, de una fase de endeudamiento externo sin precedentes. Se puso así en marcha el mecanismo de valorización financiera que se expresa a través de la dinámica de la deuda externa y la fuga de capitales. En efecto, durante los primeros 40 meses del gobierno la deuda creció en 113.000 millones de dólares, de los cuales casi dos tercios, 68.000 millones, tuvieron como destino la formación de activos externos, es decir, la fuga de capitales. Primarización, desindustrialización, precarización, endeudamiento y fuga son las palabras que mejor describen las consecuencias de la política económica aplicada por el gobierno de la Alianza Cambiemos. Tal desempeño fue coronado, ante el cierre de los mercados voluntarios de deuda luego de que en dos años tomaran cerca de 80.000 millones de dólares, con el acuerdo stand-by de emergencia con un monto récord que se firmó intempestivamente con el Fondo Monetario Internacional, y que implica desembolsos totales de 57.000 millones de dólares, 95% de los cuales se producirán durante el actual período de gobierno. Así, la economía argentina alcanzó niveles de endeudamiento cercanos al 90% del PIB y para el siguiente período de gobierno suma compromisos por 160.000 millones de dólares.

Así es que los efectos del programa económico de la Alianza Cambiemos se traducen en un cuadro económico desolador. El desempleo alcanza casi los 10 puntos porcentuales, la inflación acumula un incremento del 200%, la devaluación cerca de 300%, el salario real acumula una caída cercana al 30% -al igual que las jubilaciones y los montos de los programas sociales-, el consumo se contrajo 25%, las tarifas se incrementaron cerca del 2000%. En este contexto, la industria, el comercio y los pequeños productores rurales se encuentran en una situación de postración.

Las primeras medidas a tomar por un nuevo gobierno deberán estar asociadas a las situaciones de emergencia. Por otra parte, la situación de violenta inestabilidad financiera, generada por el sobreendeudamiento, deberá abordarse a través de acuerdos amplios con los acreedores, en los que se contemple la necesidad de garantizar un proceso de crecimiento inclusivo como único recurso para poder afrontar los compromisos externos e internos.

Frente a este escenario, se debe hacer foco en el crecimiento económico, la recuperación del mercado interno, el cuidado de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad y la generación de un excedente genuino de divisas a partir del fortalecimiento de nuestras capacidades productivas, innovadoras y exportadoras.

Las restricciones existentes llevan a plantear la necesidad de implementar un programa macroeconómico y productivo consistente que permita generar un excedente genuino de divisas para garantizar el crecimiento económico y afrontar los vencimientos de deuda externa de los próximos años. Esto implica alinear en tal dirección a las diferentes facetas de la política económica (fiscal, monetaria, cambiaria, productiva y financiera).

Las políticas de desarrollo productivo deberán priorizar aquellos proyectos que generen un incremento de las exportaciones y sustituyan importaciones de manera genuina. Entendemos como genuina a una sustitución de importaciones cuando el resultado neto de la sustitución implica un ahorro efectivo de divisas y la efectiva implementación de nuevas prácticas productivas y tecnológicas. Desde diferentes instrumentos financieros se deberá promover la financiación a tasas de fomento y a largo plazo de los proyectos productivos que avancen en tal dirección.

Es necesario generar un régimen especial de inversiones en la actividad de petróleo y gas, particularmente en la reserva no convencional de Vaca Muerta, dando previsibilidad e incentivos a la inversión privada. Esto permitirá generar un superávit de divisas que nos llevará a acumular reservas genuinas y revertir el fuerte cuadro deficitario en el que nos ha sumergido el actual gobierno. Asimismo, se torna necesario generar un verdadero salto productivo en torno a los productores/as nacionales de manufacturas, servicios e ingeniería vinculados a esta industria. Un eje central para plantear la sustitución genuina de importaciones son los clusters en torno a los recursos naturales. Es importante hablar de “agregar valor a los recursos naturales”. Argentina tiene el potencial para hacerlo. Pensar en clusters tecnológicos y de ingeniería en torno al agro, el petróleo y la minería rompe la tradicional dicotomía entre recursos naturales versus industria, genera más empleo y sustituye importaciones de manera genuina. En la misma dirección, el desarrollo de las tecnologías 4.0 pueden aportar servicios y manufacturas para mejorar procesos y sustituir importaciones de manera genuina, además de mejorar el contenido tecnológico de las exportaciones. Es importante avanzar en este camino, superando dicotomías del pasado.

Por otra parte, es necesario revalorizar el rol de la industria del turismo, atendiendo a las necesidades de la gran cantidad de actores que intervienen en su planificación y desarrollo ubicando al sector público en un lugar central de la planificación y la activación de sinergias público-privadas con el fin establecer ejes de acción para el desarrollo de una actividad socioeconómica y ambientalmente sostenible.

Es imprescindible abordar el actual cuadro de inestabilidad económica y alta inflación con un amplio acuerdo económico y social. El gobierno de la Alianza Cambiemos estará dejando niveles de inflación superiores al 50%. La idea de que se trata de un problema exclusivamente monetario y de fácil resolución chocó frente a una realidad mucho más compleja. La inercia inflacionaria, la puja distributiva, los saltos del tipo de cambio y los desajustes monetarios son todos ellos factores que inciden, en mayor o menor medida, y de manera cambiante según diferentes períodos temporales, en la evolución de la inflación. Es preciso convocar a una mesa de concertación de precios y salarios tendiente a generar un proceso de freno a la inflación, pero también para generar acuerdos sobre producción, tecnología, productividad y empleo de calidad. Es preciso también implementar una política monetaria y fiscal consistente con ese proceso, donde se evite la inestabilidad del tipo de cambio, donde se busque el equilibrio fiscal sustentado en el crecimiento y buenas reglas de gestión intertemporal (ahorrar en tiempos de crecimiento, gastar más en períodos de desaceleración y crisis). Esa mesa deberá trabajar en la articulación entre el crecimiento, la baja de la inflación, la mejora del salario consistente con el aumento en la producción y la productividad y la recuperación del valor de nuestra moneda.

Por otra parte, los instrumentos de la planificación regional y sectorial, de transporte y logística, de infraestructura; las políticas de integración regional y con el mercado mundial; y la articulación de las actividades productivas con el sistema científico y tecnológico, deberán contribuir a la mejora permanente de la eficiencia y la competitividad del tejido productivo nacional.

DESARROLLO SOCIAL

El Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA el mes de mayo de 2019 indica que el 51,7% de las niñas, niños y adolescentes son pobres en la Argentina, el nivel más alto en una década. El 29,3% de los chicos y chicas padece déficit en su alimentación, y un 13% pasó hambre durante 2018. Las familias de los sectores de mayor pobreza de nuestra sociedad son las que más sufren la alta inflación: los precios de los alimentos y las bebidas crecieron un 66% en los últimos 12 meses.

De acuerdo al INDEC, el 32% de las personas se encuentran en situación de pobreza, mientras que el 6,7% en situación de indigencia. La desocupación se acerca a los dos dígitos y se agrava especialmente para los y las jóvenes de entre 18 y 25 años. Hay 4.850.000 asalariados no registrados que trabajan en condiciones de informalidad y el número de cuentapropistas llega a 4.960.000 personas. Estos sectores tienen dificultades para el acceso al crédito y se ven obligados a tomar préstamos a tasas usurarias, agravándose los problemas de endeudamiento en las familias.

Estos datos dan cuenta de una necesaria y urgente intervención desde el ámbito de las políticas públicas. Para ello proponemos impulsar una agenda concentrada que incluya:

Implementar la declarada emergencia alimentaria y nutricional, que contemple el aumento del presupuesto del Programa Políticas Alimentarias del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación; la implementación de una canasta básica de primera infancia; y el incremento del presupuesto destinado a los comedores y a las huertas escolares, comunitarias y familiares.
Comer es un derecho, comer no es un privilegio: es obligación del Estado garantizar el derecho humano a que todas las familias accedan a la canasta básica de alimentos a través de la eliminación del IVA a los productos que la componen.
Diseñar un programa para el fortalecimiento de organizaciones sociales, de la economía solidaria y los centros de jubilados y jubiladas que trabajen políticas de cuidado integral de adultos y adultas mayores y niños y niñas, impulsando las actividades de formación, recreación y turismo social.
Declarar la emergencia en niñez y adolescencia: generar un sistema integrado de primera infancia organizando una red de gestión que mejore las acciones estatales que, desde una concepción de los niños y niñas como sujetos de derecho y una perspectiva integral e intersectorial, articule y amplíe las políticas públicas sociales, culturales, de salud, educación, cuidado y vivienda.
Crear el Consejo Nacional Interministerial de Emergencia en Niñez y Adolescencia, para la implementación de políticas públicas articuladas, integrales y transversales.
Crear el Consejo Nacional Interministerial en Juventudes, para la implementación de políticas públicas articuladas, integrales y transversales.
Actualizar y poner en funcionamiento el Consejo Federal de Juventudes, que reúne a las autoridades de juventudes de las 24 jurisdicciones para concertar y federalizar las políticas públicas en esta materia.
Crear un Foro Nacional de Juventudes que incluya a organizaciones de la sociedad civil juveniles y que trabajen con jóvenes para promover la participación y la voz juvenil en las políticas públicas que se implementen. Este Foro tendrá espacios de articulación con el Consejo Nacional Interministerial en Juventudes y el Consejo Federal de Juventudes.
Promover la Ley Nacional de Juventudes, postergada durante años, como herramienta necesaria para la articulación de políticas públicas, la garantía de derechos y el fortalecimiento de la participación juvenil.
Establecer un mecanismo de actualización automática por inflación de las partidas presupuestarias de niñez y adolescencia.
Promover el Derecho Integral a la Primera Infancia, destinando una base del 1,5% del PBI a políticas destinadas a esta franja etaria.
Promover el Programa Nacional de Acompañamiento, Promoción e Inclusión para la Niñez y Adolescencia: el objetivo es acercar el Estado a las casas y los barrios donde viven las niñas, niños y adolescentes, a partir de una red de tutores y tutoras y promotores y promotoras, que entre otras funciones, busquen, acompañen y promuevan su inclusión educativa y al acceso a las distintas políticas públicas.
Avanzar en proyectos integrales e integradores de salud, prevención y asistencia de las adicciones y consumos problemáticos.
Integrar a 1.500.000 de jóvenes expulsados del mundo educativo y laboral, creando mecanismos que garanticen su pleno ejercicio de derechos y el ingreso al mundo del trabajo. Impulsar una ley de derecho al primer empleo joven, con estrategias de promoción e impulsando la formación para el trabajo y estableciendo exenciones impositivas a las empresas que generen empleos formales para los y las jóvenes. Generar políticas de becas de terminalidad educativa, para la formación para el trabajo y la profesionalización; y créditos para emprendimientos productivos, culturales y de servicios, que generen trabajo para los y las jóvenes.
Implementar políticas públicas para el sostenimiento simultáneo de las trayectorias educativas y laborales de las y los jóvenes articulando necesidades y derechos.
Impulsar políticas públicas contra la discriminación y los estigmas que pesan sobre gran parte de nuestras juventudes, así como las situaciones de segregación y exclusión que condicionan sus vidas, visibilizando diferentes modos de ser joven y reconociendo derechos y diversidades.
Impulsar un programa de formación y trabajo para mujeres víctimas de violencia de género, mediante convenios con universidades y organizaciones de la economía popular.
Armar un sistema masivo de créditos a tasas bajas para desendeudar a las familias. Abordar de manera estratégica, masiva e integral la problemática social y económica generada por la creciente oferta de créditos con intereses, cláusulas y costos abusivos.
Promover el desarrollo de la economía social, garantizando el acceso al crédito para maquinarias y herramientas, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los efectos de promover el mercado interno. Fortalecer el programa de microcréditos mediante la incorporación de diferentes escalas y líneas de financiamiento según las necesidades de las unidades productivas, flexibilizando los métodos, para generar masividad y crear bancas de crédito local y regional con municipios y estados provinciales.
Generar obras públicas comunitarias que incluyan, en forma rápida y efectiva, a trabajadoras y trabajadores desocupados. Estarán destinadas a la construcción y reparación de viviendas; calles, rutas y avenidas; cordones y cunetas; plazas y otros espacios públicos; escuelas y unidades sanitarias.
Establecer un modelo de vinculación entre planes sociales y trabajo, facilitando que las personas que son beneficiarias de un plan logren insertarse en un el mercado laboral formal, conviviendo ambos sistemas durante un ciclo de dos años. Se complementará con una red de tutores y tutoras y un esquema de capacitación permanente.
Fortalecer a los productores de la economía social y de la agricultura familiar que producen buena parte de los alimentos frescos que consumimos. Se trata no sólo de financiar la producción, sino también las redes de comercialización. Es importante acordar la compra por parte del Estado de alimentos sanos, frescos y de producción social a organizaciones de la agricultura familiar y la economía popular.
Generar un plan de articulación científico-tecnológico aplicado para la economía social y popular, por medio de la articulación de diferentes dispositivos tecnológicos del Estado y el financiamiento de investigaciones aplicadas y en territorio sobre temáticas de la economía popular.
Crear un Instituto Estadístico de la Economía Popular, que elabore y sistematice estadísticas serias sobre el sector y que permita nutrir de información valiosa para el diseño de las políticas destinadas al sector.
Reforzar el envío de recursos a los municipios y las organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando y conocen con certeza las necesidades particulares que presenta cada territorio, para que puedan promover proyectos de desarrollo local que se vinculan con trabajo e inclusión social.
Atender y fortalecer al deporte y la actividad física en sus diversas manifestaciones, entendiéndolos como derecho de la población y como factor coadyuvante a la formación integral de las personas, tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social. Se deberá desarrollar la acción orientando, promoviendo, asistiendo, ordenando y fiscalizando las actividades físicas y deportivas desarrolladas en el país, y teniendo en especial consideración la implementación federal de las condiciones que permitan el acceso a su práctica a todo ser humano, ofreciendo oportunidades especiales a las personas jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad.

TRABAJO

Los cambios registrados por la economía mundial desde las últimas décadas del siglo pasado han influido sobre la organización del trabajo con una intensidad tal que no es aventurado decir que afrontamos una problemática social nueva que, a su vez, exige nuevas respuestas porque las viejas propuestas se tornaron ineficaces o, como mínimo, insuficientes. El trabajo se ha convertido en un bien escaso, la desigualdad se profundiza y la desocupación recobra el carácter estructural y crónico que no era característico de la llamada “sociedad industrial”.

El mundo del trabajo enfrenta globalmente los desafíos de una economía dominada por las finanzas y signada por transformaciones tecnológicas extraordinarias, cuyos efectos operan en desmedro de los derechos laborales y de la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. A este proceso mundial se agrega una realidad nacional catastrófica producida por las decisiones y políticas del actual gobierno, que está dejando a más de la mitad de la población en la precariedad y gran parte en el desempleo o el trabajo desprotegido. Esta ofensiva contra el sector trabajador implicó un deterioro del poder adquisitivo y el auge de una incertidumbre angustiante que no garantiza la autonomía de las familias argentinas, privándolas de la posibilidad de desarrollarse en las condiciones de dignidad a las que tienen derecho.

La Argentina está atravesando una aguda situación en el mundo del trabajo. El cuadro actual muestra una marcada tendencia a la destrucción de empleo registrado: desde el comienzo del gobierno de la Alianza Cambiemos se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo; mientras que el crecimiento del empleo no registrado hoy afecta a 3,3 millones de trabajadores y trabajadoras en empresas, a 350 mil empleadas y empleados del sector público y a 994 mil trabajadores y trabajadoras en casas particulares. A su vez, hay 2,6 millones de cuentapropistas en la informalidad, que no realizan los aportes al sistema de seguridad social en los regímenes existentes (monotributo, monotributo social y autónomo), sumado todo ello al deterioro de las condiciones de trabajo, la flexibilidad laboral, pérdida de derechos y reducción del poder adquisitivo del salario. Entre desempleo, empleo no registrado e informalidad, el colectivo que sufre problemas laborales representa al 46% de la población económicamente activa: 9 millones de personas. Se destaca en particular la alta participación de mujeres y jóvenes en este grupo.

Es por todo ello que, un nuevo gobierno deberá volver a crear el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; establecer políticas dirigidas a la protección del empleo existente, otros incentivos a empresas condicionados al mantenimiento de la plantilla de personal y la participación del Ministerio en los procedimientos preventivos de crisis con el objetivo de sostener el empleo; coordinar la ecuación precios y salarios; crear un ámbito de negociación tripartito que vuelva a jerarquizar la negociación colectiva libre, centralizada y autónoma; promover la negociación colectiva y la renovación de los convenios colectivos de trabajo en defensa de los trabajadores y las trabajadoras.

Por su parte, será necesario impulsar el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y la negociación paritaria con el objetivo de proteger la remuneración salarial y garantizar a la vez la estabilidad macroeconómica en un contexto de alta inflación y presiones cambiarias; ampliar la capacidad de la inspección laboral para detectar relaciones laborales encubiertas y fiscalizar las condiciones de trabajo; consolidar un Sistema de Formación Continua con criterios de innovación e inclusión social en el cual se integre a las instituciones públicas y privadas de formación para garantizar estándares de calidad homogéneos y una cobertura territorial amplia, con mecanismos de certificación digital, para la cobertura de los requerimientos de calificaciones de los sectores productivos.

Pero el fortalecimiento de las instituciones históricas también debe ser acompañado por nuevas formas de mediación y participación del Estado. Regular las finanzas usureras que tanto afectan al poder adquisitivo, orientar las nuevas tecnologías para que produzcan más y mejor trabajo en vez de generar desempleo y precarización, propiciar plataformas que faciliten la vida en vez de poner la de los trabajadores y trabajadoras y consumidores y consumidoras en peligro, crear nuevas institucionalidades para los trabajos del futuro que permitan sustituir los planes sociales por ingresos genuinamente provenientes de esas actividades.

Compartimos plenamente la necesidad de poner en pie al aparato productivo, desarrollarlo, diversificarlo y dotarlo de una productividad que lo haga competitivo. El país lo necesita. Pero deberá ser fruto de un cambio sustancial de las políticas impositivas y crediticias, como parte de un programa pactado en el marco de un acuerdo que compatibilice los fines perseguidos por el Estado, el sector empresarial y el sector del trabajo y que promueva un aumento sustancial de las tasas de inversión e innovación tecnológica.

Los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia deben conservar la tutela de sus derechos, recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de su salario, recobrar la participación de sus organizaciones en la formación de las grandes decisiones nacionales y lograr la regularización inmediata de aquellos y aquellas que aún hoy se desempeña en condiciones de informalidad, e incluso clandestinidad que lo privan del acceso a los derechos laborales, de la protección de las leyes y de los beneficios de la seguridad social.

Y los excluidos y excluidas del mercado tradicional, los trabajadores y las trabajadoras sin patrón que crearon y sostienen la economía popular, urbanos y rurales, deberán recibir el apoyo indispensable para dotar a su actividad de un marco institucional adecuado, poner en valor su producción, lograr grados de eficiencia razonables y percibir un nivel de ingreso y una protección legal que les asegure condiciones de vida y de trabajo iguales a las de los demás trabajadores y trabajadoras.

PERSONAS MAYORES, JUBILADOS Y JUBILADAS

Las personas mayores, los jubilados y las jubiladas, deben tener prioridad en las políticas de Estado, más aún teniendo en cuenta el presente adverso, en el que las políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos los ha tenido como víctimas predilectas. El mundo del trabajo ha cambiado y el impacto de las nuevas tecnologías obligan a repensar nuevos diseños contributivos y no contributivos que permitan dar respuesta a la responsabilidad del estado de protección social de todos y cada uno de los argentinos y las argentinas.

La llegada del gobierno de la Alianza Cambiemos en diciembre de 2015 representó una estrepitosa pérdida de derechos para las personas mayores en especial en materia de salud y seguridad social. Mediante una serie de reformas legislativas se avanzó en el proceso de transición del sistema público solidario de reparto como se conocía hasta el 2015 hacia un sistema sustentado en un sistema meritocrático que discrimina y excluye a millones de argentinos/as, mientras prepara el terreno para la instauración definitiva del modelo de sistema previsional impuesto por los organismos internacionales.

La mal llamada “Ley de Reparación Histórica”, además de esconder entre sus normas un blanqueo de capitales escandaloso, tuvo entre sus principales medidas la creación de la PUAM (Pensión Universal para el adulto mayor) que estableció un nuevo haber mínimo de hecho, equivalente al 80% de la jubilación mínima actual. Además, esta prestación no genera derecho a pensión cuando el titular fallece ni siquiera para los/as hijos/as con discapacidad, y eleva el acceso al beneficio para las mujeres, que pasa a ser de 60 a 65 años; habilitó la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, derogando la ley que fijaba la intangibilidad de sus recursos; le puso punto final a las moratorias previsionales, limitándolas primero y luego disponiendo su extinción; y, creó una nueva avalancha de acciones judiciales, ya que sólo adhirieron al Programa de Reparación Histórica 54.401 personas que tenían sentencia judicial, por lo que ahora hay más juicios que antes. Sólo en ANSES hay 89.196 sentencias en espera y más de 380.000 en la justicia.

Cabe recordar que la Ley de Reforma Previsional tuvo como resultado la pérdida del poder adquisitivo de los/as jubilados/as y pensionados/as, especialmente en las jubilaciones mínimas, donde la pérdida fue de más del 25%, y alrededor del 50% en los beneficiarios de la PUAM.

En este mismo orden de ideas, las acciones del Fondo Monetario Internacional, cuya primera intervención data de noviembre de 2016 estableció entre sus recomendaciones para nuestro país la necesidad de establecer: a) un régimen “sustentable”, eufemismo que significa ajustado para que el estado no haga aportes impositivos al sistema (esto es la reforma con la que tanto insiste); b) el aumento de la edad jubilatoria –ya se hizo con la Ley de Reparación Histórica-; c) el cambio de la fórmula de movilidad, lo que se hizo en diciembre de 2017; d) la disminución de la tasa de sustitución (esto es, la relación entre lo que gana una persona en actividad y cuál es su primer haber como jubilado; en 2015 esta relación era de alrededor del 60%, con el cambió de la movilidad se encuentra en el 48%).

Hoy, las personas Mayores sufren las consecuencias de una irracional suba de los medicamentos esenciales, que en promedio es del 300% pero que en la medicación cardiovascular llega al 600%; combinado esto con el recorte en la cobertura gratuita que otorgaba el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), ha construido un cóctel explosivo para la salud de millones de jubilados y jubiladas que ven cómo se deteriora día tras día su estado de salud.

Si a todo ello, además, le sumamos el aumento inflacionario de la canasta básica de alimentos que en estos últimos 3 años y medio llegó a un 330% mientras la jubilación mínima aumentó sólo un 201%, y los tarifazos de luz, gas y agua, que no sólo provocaron la caída en la calidad de vida de miles de personas mayores, sino que también provocaron el cierre de las organizaciones de jubilados, realmente, se observa que la situación por la que atraviesan nuestros adultos mayores es realmente crítica.

En virtud del diagnóstico actual, el nuevo Gobierno deberá recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones; crear el “Fondo de protección del futuro”; promover el Plan de Inclusión Previsional Argentino; eliminar las tasas usurarias del sistema de Créditos ANSES; restituir la plena cobertura en medicamentos para afiliados al PAMI; establecer un nuevo sistema de turnos para afiliados de PAMI; desarrollar el Plan Nacional de Cuidado de las Personas Mayores; promover la creación de ANSES MUJERES: una seguridad social con perspectiva de género. Las mujeres están atravesadas por diversas desigualdades estructurales en la vida en sociedad. La seguridad social debe tomar políticas activas que reconozcan y corrijan estas desigualdades estructurales que sufren las mujeres; crear la figura del Defensor de las Personas Mayores; y, crear el Consejo Federal de Personas Mayores.

Ninguna sociedad puede progresar desechando a sus Mayores, no sólo porque allí reside nuestro acervo histórico -en cada persona mayor está la historia colectiva-, sino porque resulta inadmisible pensar en una sociedad que excluya a quien por edad ya no es “productivo” según los términos del neoliberalismo y lo deseche considerándolo un gasto para el Estado.

EDUCACIÓN

Hoy más de la mitad de nuestros chicos y chicas menores de 17 años se encuentra bajo la línea de pobreza y el 63,4% tiene incumplido al menos un derecho fundamental, entre ellos, la educación. Las políticas educativas de los próximos años no pueden sostenerse con indiferencia de esta situación de injusticia, que compromete el futuro de generaciones enteras y sólo permite avizorar un país crecientemente fragmentado. Reconstruir una educación pública que impulse el crecimiento y la igualdad constituye para nosotros una premisa ética y política. Porque no hay crecimiento sin igualdad y no hay igualdad sin educación pública de calidad.

Esto exigirá, en primer lugar, revertir el deterioro presupuestario de la inversión educativa que registra, entre 2016 y 2019, una disminución del 30% de la participación de la educación en el presupuesto nacional, a lo que se suman niveles escandalosos de subejecución, especialmente en el desarrollo de infraestructura educativa. Deben volver a crecer las partidas destinadas a educación digital, extensión de la jornada escolar, educación técnica, formación docente, expansión del nivel inicial, infraestructura y equipamiento; también el presupuesto real destinado a universidades y ciencia y tecnología, cuya disminución viene afectando seriamente el sostenimiento y desarrollo de las actividades de ese sector.

También exigirá fortalecer y recrear las bases institucionales para la generación y coordinación de políticas educativas nacionales, que se han visto seriamente debilitadas en los últimos años, como el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), el Consejo de Universidades y el propio Consejo Federal de Educación, junto con todos los Consejos consultivos con representación académica, gremial y política previstos en la Ley de Educación Nacional. En el marco de un sistema educativo federal, es preciso sostener ámbitos amplios de discusión sobre el diseño y la implementación de políticas educativas que respondan a las necesidades de desarrollo y crecimiento de la Argentina y aseguren el derecho individual y social a la educación. La complejidad de estos propósitos no admite, salvo por ignorancia o banalización, la adopción de slogans ni el ofrecimiento de soluciones enlatadas y fragmentarias, como las que han ocupado el lugar de las políticas educativas nacionales en los últimos años. Para ello, es imperioso revertir el actual proceso de reducción de la responsabilidad del Estado Nacional en materia educativa y la delegación de responsabilidades educativas en organizaciones con fines de lucro.

Las políticas educativas deben, además, articularse intersectorialmente con el conjunto de las políticas públicas. La calidad de los aprendizajes y los efectos de la educación en la reducción de las brechas de desigualdad no pueden abstraerse de las condiciones sociales en que viven y crecen nuestros/as niños/as y jóvenes. Sabemos que cuando su derecho a la educación está vulnerado, también lo están otros derechos. Por lo tanto, las políticas educativas deben planificarse en articulación con políticas públicas orientadas a garantizar los derechos a la salud, la alimentación, el empleo, a un hábitat digno, a la protección social.

En particular, en relación con los niveles de la educación obligatoria, ordenaremos todas nuestras políticas en torno a dos propósitos fundamentales: la universalización de todos los niveles obligatorios, ampliados gracias a leyes nacionales todavía incumplidas, y el mejoramiento de la calidad educativa. Para ello será necesario atender a los problemas de oferta que dificultan la universalización de la educación obligatoria, que son distintos y específicos en cada nivel educativo y en cada región del país. No es lo mismo lo que se requiere en el nivel inicial, en el que todavía no se ha creado la cantidad de jardines que se necesitan para asegurar a cada niño y niña su vacante, que lo que se requiere en el nivel secundario, donde todavía falta gestar las transformaciones culturales, institucionales y pedagógicas que garanticen el derecho de todos/as a una educación secundaria con conocimientos y experiencias significativas y relevantes.

De acuerdo a lo anterior, se impulsarán políticas de terminalidad educativa que incorporen las miradas de los y las estudiantes, jóvenes, docentes y la comunidad para hacerlas efectivas y situadas en las singularidades de cada contexto. También se promoverán políticas que articulen el mundo educativo con el laboral, garantizando derechos y el trabajo decente y seguro.

Partiendo de la idea que es importante avanzar sobre las conceptualizaciones en torno a los sistemas de evaluación, también es necesario complejizar la mirada sobre el problema de la calidad educativa. En este sentido, las políticas de mejoramiento de la calidad no pueden reducirse a su evaluación, ni su evaluación a la aplicación de operativos de medición de logros de aprendizaje. Se deben sostener pero también enriquecer las estrategias de producción de información a escala nacional existentes, como insumo para diseñar políticas que aseguren el acceso igualitario al derecho de todo/as a una educación de calidad. En este sentido, mejorar la calidad educativa involucra: mejorar las condiciones materiales e institucionales de la escolarización (desde la infraestructura hasta los formatos escolares); fortalecer la relevancia de los contenidos y las experiencias de formación que provee la escuela en relación con el ejercicio crítico de la ciudadanía, la introducción en el mundo del trabajo, la inclusión digital, habitar en común un mundo crecientemente diverso en el marco del respeto a los derechos humanos, las perspectivas de género, la pluralidad cultural; y, por supuesto, sostener políticas de formación, capacitación y jerarquización de la docencia, que recuperen el respeto por el saber de nuestros/as docentes y por sus derechos laborales. Las condiciones de trabajo y salariales docentes impactan de manera directa en la calidad educativa y es responsabilidad del Estado Nacional reducir las disparidades salariales entre las distintas jurisdicciones del país, a través de la restitución de las paritarias nacionales docentes. La política educativa debe articularse con las maestras y maestros y sus organizaciones sindicales. Todo cambio educativo ingresa al aula de la mano de las maestras y maestros.

En relación con las políticas universitarias, se ha registrado en estos últimos años un retroceso inaceptable del principio de la educación superior como un derecho social, un bien público y una responsabilidad del Estado, que se ha expresado en el desfinanciamiento de la actividad universitaria, el deterioro salarial de sus trabajadores/as docentes y no docentes, la inexistencia de políticas de expansión, la paralización del desarrollo de la infraestructura, intentos permanentes de avances sobre la autonomía y en el desprestigio de la producción científica y académica que tiene lugar en dichas instituciones. Será necesario recuperar la inversión y las políticas de expansión del sistema universitario en el marco de una planificación seria que apunte a seguir ampliando el derecho de todos/as nuestros jóvenes a continuar estudios superiores y a mejorar sus trayectorias y condiciones de graduación y, al mismo tiempo, a dar respuesta a las necesidades de desarrollo nacional a través de la formación de los profesionales que la Argentina necesita y de la producción de conocimiento científico tecnológico que aporte a un desarrollo autónomo y soberano. Esto requiere una mayor articulación de las políticas universitarias con todos los sectores de la política pública, la producción de información y la formulación de proyecciones sobre los requerimientos científico-tecnológicos y de formación profesional en el mediano y largo plazo, la generación de nuevos perfiles profesionales, la ampliación de nuevas formas de acceso a la formación superior en todos sus niveles a través de medios digitales. También deberán fortalecerse los órganos de coordinación de políticas universitarias como el Consejo de Universidades, que permitan compatibilizar los requerimientos de desarrollo nacional con la necesaria autonomía de la actividad universitaria.

La educación configura el futuro posible, pero también el futuro deseable. Una educación de calidad para todos y todas será la que nos permita construir una Argentina más justa y más igualitaria.

SALUD

El gobierno de la Alianza Cambiemos registra una disminución real del presupuesto sanitario, que sufrió una retracción del 21% de su representación en el presupuesto total. Ello se asocia a la subejecución presupuestaria en distintas áreas y programas con repercusiones como la disminución de la entrega de varios medicamentos, vacunas y otros insumos a los centros de salud y hospitales públicos del país.

Prueba de la concepción de la salud pública de este Gobierno es la disminución de la jerarquía del Ministerio de Salud, convirtiéndolo en una Secretaría. La situación económica y social también impacta negativamente en la salud de la población produciendo el deterioro de la situación nutricional gracias al aumento de la subalimentación y la inseguridad alimentaria que ya afectan a casi 4 millones de personas según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La atención ofrecida por el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es cada vez más deficiente, con la disminución de los servicios disponibles en su cartilla y de los medicamentos con cobertura al 100%. Esto, sumado a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, llevó a muchas personas a interrumpir sus tratamientos.

Las Obras Sociales están desfinanciadas, lo que también genera la disminución de la calidad de las prestaciones ofrecidas y el aumento del gasto directo de las familias en salud por los copagos que tienen que realizar. A esto se agrega el desmedido aumento en los precios de los medicamentos. En ese contexto, el Estado autorizó 19 aumentos a las empresas de medicina prepaga desde el año 2016, generando un aumento acumulado de 216% hasta mayo de 2019.

El nuevo Gobierno deberá tomar medidas urgentes como recuperar el Ministerio de Salud de la Nación con su rol rector y programas sanitarios para disminuir las inequidades existentes entre las distintas jurisdicciones del país. Se propone garantizar el derecho al acceso a medicamentos, vacunas y servicios de salud. A través de un seguro para las enfermedades de alto costo, se impulsará que todos/as los/as habitantes reciban los mismos servicios y con la misma calidad si tienen una enfermedad grave o si tienen que resolver un problema de salud que podría implicar una catástrofe para su situación económica. Es importante trabajar en las distintas dimensiones que trae aparejada las iniciativas para mejorar el acceso a la Salud, incluidos por ejemplo los sistemas de solicitud de turnos para evitar las esperas a la madrugada o que los trámites en forma presencial cuando no sea estrictamente necesario.

De igual forma, se debe reconocer la importancia de focalizar en la calidad, la seguridad y la satisfacción de las y los/as usuarios/as de los tres sistemas: el sector público, las obras sociales y las prepagas. Es importante que toda la ciudadanía pueda tener un equipo de salud familiar que garantice la continuidad de la atención, así como optimizar su calidad y la seguridad de pacientes y trabajadores/as en establecimientos públicos de salud, y ampliar la participación de todos/as ellos/as en las políticas de salud.

Por último, en el eje equidad deben asumirse dos prioridades: la planificación de los profesionales y trabajadores para que pueda adecuarse a las necesidades regionales y la equidad en el financiamiento y la inversión. En todo el mundo las investigaciones permiten comprobar la capacidad distributiva de la inversión pública en Salud, por lo que daremos prioridad a los programas orientados a las mujeres y la población más vulnerable: son quienes mayores consecuencias negativas tienen cada vez que se enferman, porque la pobreza enferma y la enfermedad empobrece. Ya sea su trabajo físico o intelectual, la salud es el principal capital que tienen las personas. Por eso haremos que la salud sea un componente esencial de la superación de la pobreza y uno de los pilares del bienestar de todos y todas.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Las políticas del gobierno de la Alianza Cambiemos han llevado al sistema de Ciencia y Tecnología a una situación de ahogo financiero, han degradado su institucionalidad y han generado inaceptables incumplimientos de leyes y reglas. La actual gestión de Gobierno asumió con un sistema en marcha y proyectado hacia el futuro y completará su mandato dejando como resultado incertidumbre, conflictos y obstáculos a tal punto de poner en cuestionamiento el sentido y la viabilidad de hacer ciencia y tecnología en Argentina. La contracara de todo este proceso fue el resurgimiento de la fuga de cerebros, en especial, de los/as investigadores e investigadoras más calificados/as y los/as jóvenes.

Para el nuevo gobierno, será central la revitalización del sistema de Ciencia y Tecnología. Será necesario relanzar las iniciativas que quedaron truncas y pensar nuevas políticas públicas para darle un nuevo horizonte a las actividades de investigación y desarrollo. Nos proponemos recuperar el rumbo perdido y superar límites estructurales que ya estaban presentes en 2015. Recrear un marco de referencia que construirá su legitimidad a partir de un diálogo amplio que involucre a cualquier otro actor del espacio político, social, empresarial y gremial que comparta estos objetivos. Sobre estas bases podrá construirse un nuevo acuerdo social sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que edifique una sólida política de Estado.

A partir de este nuevo acuerdo social, la acción de gobierno podrá volver a jerarquizar institucionalmente al área de ciencia y tecnología dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, haciendo foco en la resolución de la crisis actual a través de la recomposición salarial de los/as investigadores/as y la ampliación de los recursos que reciben las instituciones de ciencia y tecnología a fin de garantizar su funcionamiento y solventar sus desarrollos y proyectos. A su vez, se trabajará en nuevos criterios de asignación presupuestaria a fin de incrementar la inversión en ciencia y tecnología y brindar certidumbre sobre la evolución de los recursos en las próximas décadas.

También se recuperará la planificación como eje principal para construir iniciativas que vayan más allá de un período de gobierno. Se recrearán las oportunidades para que los jóvenes investigadores e investigadoras desarrollen su carrera dentro de los organismos de ciencia y tecnología. Se recuperarán las iniciativas dirigidas a fomentar las elecciones científicas desde los primeros años de escolarización y a fortalecer la educación técnica y profesional, estrechando su vínculo con el mundo del trabajo. También se reconfigurará el sistema de promoción de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación tanto para las iniciativas públicas como las privadas y se asegurará la normalización de la vida institucional en todos los órganos colegiados que guían a las instituciones de ciencia y tecnología. Se impulsará una nueva etapa en la producción pública de medicamentos y en otros proyectos en el ámbito de la energía nuclear y de los servicios satelitales a fin de fortalecer nuestra soberanía y avanzar hacia un país que no solo incorpora tecnología de avanzada, sino que también la produce.

Este conjunto de nuevas iniciativas permitirá que la agenda de Ciencia y Tecnología se estructure a partir de un destacado protagonismo de temáticas emergentes, impulsadas por distintos colectivos y movimientos sociales, como, por ejemplo, la perspectiva de género, el cuidado del hábitat y del ambiente, el compromiso con la federalización y los derechos humanos y el resguardo de la democracia y la intimidad en un contexto de digitalización de registros.

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad es la lucha contra el Cambio Climático. Es imperioso que las distintas naciones den respuesta a los reclamos de los científicos y de la Encíclica Laudato Si sobre la urgencia de los cambios de hábitos, de producción y de consumo, que impliquen una economía circular que modifique la concepción extrativista que se tiene sobre la naturaleza.

La sobreexplotación de los bienes naturales y un estilo de vida y de valores centrados en el consumo, el economicismo y el mercado está desencadenando la extinción masiva de especies a un ritmo diez mil veces superior al normal, la destrucción de los suelos y bosques, la contaminación del aire y de las aguas, la acidificación de los océanos y el derretimiento de los hielos.

La situación ambiental de la Argentina es crítica y compleja. La pérdida y degradación de los bienes o recursos naturales, sustento de la actividad económica, ha ido en aumento con las actuales políticas neoliberales. La degradación, erosión y pérdida de fertilidad de los suelos en la zona núcleo; el aumento de la desertificación en las zonas áridas y semiáridas; la pérdida de masa boscosa nativa fruto de deforestaciones ilegales; la expulsión de campesinos y de pueblos originarios de sus tierras ancestrales; la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua por agroquímicos y su falta de control; el peligro de extinción de especies nativas y pérdida de la biodiversidad; la baja tasa de renovación de los recursos ictícolas debido a un exceso de extracción, actividad petrolera y minera sin fiscalización y de reglamentaciones adecuadas a las características de estas explotaciones; entre otros, impactan en el potencial productivo del país y en su tejido social.

Para revertir esta situación, el nuevo Gobierno deberá promover un Pacto Federal Ambiental de Desarrollo entre la Nación, las Provincias, los Municipios y los actores económicos y sociales. Un gran consenso sobre el uso y manejo del suelo agrícola, ganadero y forestal a fin de implementar buenas prácticas productivas que garanticen su sustentabilidad económica, social y ambiental a largo plazo.

La producción sustentable de nuestros bienes naturales, bosques nativos e implantados, agricultura, fruticultura, vitivinicultura, ganadería y actividad ictícola deben generar empleo e impulsar valor agregado. La explotación petrolera, gasífera y minera requieren de reglamentaciones que minimicen sus impactos ambientales y una fuerte fiscalización por parte del Estado y la comunidad.

Asimismo, se deberán potenciar a través del Estado nuevas prácticas agroecológicas en el marco de nuestra soberanía alimentaria y de una vida saludable; mitigar las consecuencias del cambio climático, de las inundaciones y de los períodos de sequía a través de un ordenamiento territorial que permita un uso y manejo responsable del suelo, empoderando a la ciudadanía a través de buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos urbanos, el reciclaje de los mismos, en el ahorro de energía, en la prioridad del transporte público sobre el privado, en un consumo responsable, del “buen vivir” que hace eje en los valores sociales; además de impulsar el empoderamiento de la ciudadanía a través de una participación activa en los valores ambientales, sociales y de género desde los Municipios y las Provincias, a través de una gestión comunitaria que garantizará el sustento necesario para llevar adelante las transformaciones que el país necesita en función de lograr una sociedad inclusiva y ambientalmente sustentable.

El gran desafío venidero, entonces, será pensar el ambiente desde una perspectiva integral, como un todo, incluyendo el desarrollo urbano y rural, la calidad de vida, la biodiversidad, los ecosistemas, sus servicios y la calidad ambiental, todo ello con una nueva sensibilidad ambiental y una revisión profunda de los modelos de desarrollo alternativos y del consenso desarrollista, siempre desde la Justicia Social y Ambiental. Ello debe incluir la garantía de acceso universal al agua limpia; la transformación de la matriz energética para transitar un camino hacia energías limpias; la progresiva transformación del sistema de transporte para eliminar la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero; el desarrollo de un plan con el sector ganadero para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero; y, el impulso de un sistema de soberanía alimentaria que apoye la agricultura sustentable, aumentando la salud de los suelos, y que garantice la comida saludable a todos los argentinos y argentinas.

JUSTICIA

La calidad institucional exige el mejoramiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. El rumbo debe estar signado por un proceso participativo, sumado al protagonismo y consenso de sus mismos integrantes. La propia Justicia debe tomar en cuenta su deterioro social y las demandas específicas de este tiempo y tener la capacidad de garantizar la consecución de los elevados fines institucionales que la Constitución Nacional y las leyes le asignan.

Para ello, resulta indispensable el fortalecimiento de su independencia, tanto de otros formales poderes del Estado como de reales intereses o grupos de presión. La consolidación de la democracia requiere como presupuesto que ningún magistrado o magistrada aparezca sometida a interferencias indebidas. Es necesario fortalecer la institucionalidad de cada área estatal y gobernar en base a los principios de publicidad, transparencia y responsabilidad pública efectiva. A la vez, se deberá atender a la amplia participación de la sociedad civil en procesos que involucran intereses públicos, participación que debe ser estimulada, acompañada y atendida al momento de tomar decisiones por el nuevo gobierno.

El Poder Judicial debe contar con recursos suficientes para ejecutar su actividad, e impartir justicia libre de condicionamientos y de afinidades políticas que determinen su decisión jurídica. Por otra parte, son de público conocimiento las circunstancias en las que los juzgados trabajan, sin insumos, edificios deteriorados, abarrotados de expedientes, escaso personal, cargos judiciales en espera y jueces subrogantes “in eternum”. Para garantizar el principio de independencia judicial, deben acatarse estrictamente los procesos transparentes y adecuados de selección y nombramiento de magistrados/as, porque esto también determinará al resto de los poderes del Estado a respetar la autonomía de las y los jueces en sus procesos de deliberación, decisión y funcionamiento.

Al mismo tiempo, la participación ciudadana, a través del juicio por jurados, la transparencia en los procesos judiciales y la publicidad y difusión de los actos de gobierno, se imponen como condiciones necesarias para el mejoramiento de la justicia. La mejor y más activa implementación de las normas, junto a la reforma y actualización integral de las que aún están desfasadas para la Argentina de estos tiempos, se imponen como un eje principal de mejoramiento del sistema de administración de justicia.

El desenvolvimiento de este poder del Estado no puede dejar de atender la paridad de género, como la imperatividad de los compromisos internacionales asumida por el Estado argentino para la efectiva vigencia de los Derechos Humanos.

El gran desafío reside en recomponer el vínculo entre el pueblo y la justicia, y así, fortalecer las instituciones y el sistema republicano. Para ello, es fundamental comprometer a los actores del universo judicial en las transformaciones que se requieren, bajo el firme compromiso y plena vigencia de los derechos humanos y la consagración de la verdad y la justicia, que concreticen la justicia social y el desarrollo humano, para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

SEGURIDAD

El gobierno de la Alianza Cambiemos ha convertido a la seguridad pública en un campo de batalla política contra la oposición y ha hecho de las prácticas ilegales de violencia institucional acciones cotidianas contra la ciudadanía y, en particular, contra los movimientos sociales y sectores populares. El discurso agresivo y los gestos autoritarios del actual Gobierno convalidan el gatillo fácil y el punitivismo irracional de las fuerzas de seguridad, sin ningún esfuerzo por desandar lazos de connivencia policial con el crimen y por avanzar en las necesarias reformas institucionales que el sistema de seguridad pública federal requiere de manera urgente. El actual Gobierno ha colocado a la seguridad pública como una dimensión independiente de las estrategias de inclusión y desarrollo social.

El Gobierno se ha desentendido de la mediación política en la protesta social, enfrentando directamente a las fuerzas de seguridad con los manifestantes e infiltrando protestas para justificar represiones que luego tienen como consecuencia no sólo el avasallamiento de los derechos de los manifestantes sino la desmoralización y desprestigio de las propias fuerzas de seguridad. Asimismo, se han desarticulado los mecanismos de control externo de las fuerzas, desprotegiendo a los ciudadanos y ciudadanas de reclamos frente a posibles abusos de agentes y a los propios y propias agentes de las fuerzas frente a abusos de sus superiores en instituciones fuertemente jerárquicas.

Una política de seguridad pública ciudadana, democrática y protectora de los derechos humanos se debe asentar en la reestructuración del Ministerio de Seguridad creando las áreas básicas abocadas a la gestión del conocimiento en seguridad, a la gestión policial de la seguridad y la gestión social de la seguridad. De igual modo se debe constituir el Observatorio de Seguridad Pública en el ámbito federal abocado a producir conocimientos acerca de las violencias y las problemáticas delictivas (dimensión situacional), así como del desempeño de las instituciones políticas, policiales, judiciales y penitenciarias de la seguridad (dimensión institucional), con autarquía técnica y financiera en el ámbito del Ministerio de Seguridad.

Es imprescindible llevar a cabo un proceso de modernización del sistema policial federal.

Se evaluará la creación y puesta en funcionamiento de un Programa Federal Policial dedicado a promover y brindar protección laboral, de salud y educación al personal de las policías y fuerzas de seguridad federales, así como a promover la defensa de los derechos humanos, sociales y laborales de los y las policías, en particular, de las mujeres policías.

De igual modo, se debe instituir el Programa Federal de Protección Integral de las Mujeres contra hechos de Violencia y Discriminación, orientado a sentar las bases legales, institucionales, culturales y sociales para prevenir y conjurar femicidios y toda otra forma de violencia contra las mujeres y el Programa Federal de Control del Narcotráfico, destinado a establecer una estrategia integral de control y conjuración del tráfico y comercialización de drogas prohibidas, así como de las violencias y de las economías criminales relacionadas a ello y de otros delitos conexos.

DERECHOS HUMANOS

El menoscabo de los Derechos Humanos se exterioriza en los retrasos y obstáculos que el Gobierno de la Alianza Cambiemos impone al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, en el marco de un fuerte intento por reconfigurar el sentido común acerca del terrorismo de Estado. El desmantelamiento de las políticas públicas y programas estatales de derechos humanos, acompañado de despidos, disoluciones de áreas vitales de gestión y drásticos recortes económicos, así como la permanente violación a la Ley de Sitios, utilizando espacios que han sido declarados patrimonio de nuestra memoria y resguardo probatorio para los juicios de lesa humanidad para realizar negocios inmobiliarios, así como el vaciamiento de los Espacios para la Memoria, son inequívocos ejemplos de la profundidad del daño que está provocando este Gobierno.

Es por ello que, resulta fundamental retomar el impulso desde el Poder Ejecutivo de las políticas públicas que garanticen el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por las cuales nuestro país ha sido ejemplo en el mundo. Resulta indispensable que el Estado mantenga una política activa a la hora de impedir la difusión de discursos negacionistas o que relativicen el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar. De forma coincidente, resulta de vital importancia el cabal cumplimiento del deber de preservación de los Sitios de Memoria como así también el sostenimiento y desarrollo de los “Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos”, lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

El nuevo Gobierno, además, deberá desarrollar y fortalecer políticas de promoción y protección de los derechos de los colectivos de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y de aquellas minorías que hoy ven vulnerada su libertad y son perseguidas y encarceladas, así como también, deberá promover la puesta en marcha de políticas públicas que respeten los derechos culturales y la tierra de las comunidades de pueblos originarios, así como impulsar la participación y el fortalecimiento cultural, lingüístico e identitario de las comunidades.

El respeto de las decisiones de la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos y la autonomía e independencia de sus órganos resulta de vital importancia para garantizar una debida protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte del Estado Argentino.

EQUIDAD DE GÉNERO

En los últimos años se ha producido un retroceso en materia de derechos fundamentales que afectan especialmente a las mujeres y a las personas de identidad sexo-genérica diversa. La conquista de leyes como la 26.485 (2010), destinada a erradicar la violencia contra las mujeres y la denominada “Ley de Identidad de Género” 26.743 (2012), han menguado la eficacia de su cumplimiento por un conjunto de razones entre las que sobresale el brutal deterioro económico, la crisis que afecta a las unidades domésticas, la pérdida de empleo, el incremento de la violencia en todos los órdenes de la existencia, la discriminación en el mercado laboral y los procedimientos institucionales violentos. Han aumentado las asimetrías producidas por el sistema patriarcal, sistema en el que reposa de modo decisivo la configuración social condicionando las relaciones inequitativas de género.

El menoscabo general, además, se hace evidente en la falta de políticas de prevención integral de las violencias de género, en el abandono de programas significativos especialmente en las áreas de salud y educación, en la ausencia de financiamiento de actividades estratégicas para asegurar el goce pleno de los derechos de ciudadanía a la población femenina y a las personas de diversas identidades sexo-genéricas. Aunque hubo cambios en la designación del organismo central referido a la condición de las mujeres y de las personas sexo-genéricas en el amplio arco de la diversidad, ya que el Consejo Nacional de las Mujeres pasó a denominarse Instituto Nacional de las Mujeres, no aumentó su jerarquía a rango ministerial. Las partidas presupuestarias asignadas entre 2016-2019, aunque parecieron contener la posibilidad del desarrollo del plan centrado en el flagelo de la violencia, resultaron finalmente recortadas y hay evidencia de sub-ejecución.

Es por ello que, el nuevo Gobierno deberá desarrollar las políticas públicas que permitan alcanzar los siguientes objetivos fundamentales:

Asegurar el cumplimiento de los marcos legales existentes destinados a igualar los derechos de las mujeres y de las personas de diversas identidades sexo-genéricas, cuyo ordenamiento se basa en las Convenciones Internacionales, en los tratados internacionales, en los pactos y acuerdos como los Principios de Yogiakarta relativos a identidad y diversidad.
Impulsar políticas con perspectiva generizada de modo que se asegure la equidad en todos los organismos públicos, cualquiera sea su índole, promoviendo la integración paritaria en todos los cargos, especialmente en los referidos a dirección, conducción y planificación estratégica.
Promover reformas legales con el objetivo de asegurar equidad de género en el mercado laboral, disponiendo incluso medidas fiscales para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, de modo que puedan erradicarse las ominosas brechas diferenciales existentes.
Proponer reformas legales y normativas para garantizar la autonomía reproductiva de las personas gestantes; extinguir el flagelo de la violencia con un amplio despliegue de programas preventivos; mantener el régimen jubilatorio para amas de casa; ampliar la participación política de las mujeres; y, comprometer la participación del Estado en las labores de cuidado.

TRANSPARENCIA

La corrupción en las sociedades contemporáneas expresa una particular modalidad de articulación entre elites económicas y políticas que trasciende a un gobierno o país en particular. Si bien está impulsada por las elites económicas que son las que buscan orientar la acción estatal en su propio beneficio y apropiarse de recursos públicos, la responsabilidad de estas prácticas recae en los funcionarios y/o dirigentes, y ulteriormente esto habilita la difusión de discursos profundamente antipolíticos, plagados de impugnaciones morales que ponen en tensión la calidad democrática.

Las elites económicas concentran cada vez más cantidad de riquezas y se apropian de ingentes flujos de ingresos poniendo en tensión la capacidad de la democracia como régimen político a la hora de impulsar y garantizar el bienestar de las mayorías. En América Latina la situación es particularmente acuciante: el 1% más rico de la población posee el 37% de la riqueza y el 20% más rico recibe el 45% de los ingresos (OXFAM-CLACSO, 2017). Este poder estructural se potencia cuando se colocan en puestos claves de la gestión estatal a directivos y gerentes de empresas con el argumento de incrementar los niveles de eficiencia y modernización del Estado. El ingreso masivo de funcionarios ligados a la elite económica acarrea un riesgo que suele ser soslayado: la captura de la decisión pública por parte de intereses privados.

La captura se define como la pérdida de autonomía del Estado a la hora de formular e implementar políticas públicas. Cuando carteras ministeriales o áreas importantes de la gestión pública quedan bajo el control de personas que ocuparon altos puestos en el sector privado (puerta giratoria de entrada) se eleva el riesgo de captura porque las decisiones estatales pueden beneficiar directamente a la empresa de procedencia del funcionario (conflictos de intereses). La experiencia internacional comparada muestra que los riesgos de captura se dan con mayor frecuencia en áreas muy sensibles a la regulación estatal: las finanzas, los seguros, el transporte, las comunicaciones, los servicios de salud y la energía, especialmente. Es imperioso establecer mecanismos eficientes que minimicen estos riesgos.

¿Qué se puede hacer ante este avance de los poderes fácticos que se apropian directamente de los resortes de la decisión pública? En un contexto en que el Estado tiene que dar respuesta a problemáticas de alta complejidad, es crucial contar con una administración pública acorde a la magnitud del desafío. Un cuerpo de funcionarias y funcionarios públicos preparados/as, honestos/as y comprometidos/as con los valores democráticos capaces de controlar, atender y responder eficientemente a las demandas sociales; de evitar la cooptación por poderes fácticos, sectoriales y particulares asegurando el bien común; de impedir el derroche, el uso ineficaz y la corrupción, de atender los asuntos públicos, con imparcialidad y apego a la legalidad y velando por los derechos ciudadanos.

En línea con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto con asociaciones civiles como Transparencia Internacional (TI) y OXFAM se propone:

Regular el ingreso, tránsito y egreso de funcionarios públicos mediante leyes y códigos precisos.
Establecer períodos de «enfriamiento» previos y posteriores a ocupar los cargos públicos, si se viene de o se va hacia el sector privado.
Promulgar códigos estrictos que regulen la conducta en el ejercicio de la función pública para minimizar los riesgos que generan las situaciones abstractas de conflicto de intereses.
Institucionalizar un régimen de funcionariado civil superior para sustentar la mejora continua de la administración pública.
Institucionalizar las acciones de lobby empresarial a través de mecanismos de regulación precisos.
Fortalecer los organismos de control de la función pública y el lobby empresarial y garantizar su autonomía política y financiera.

CULTURA Y COMUNICACIÓN

Desde hace varias décadas, la agenda sobre la democratización de las comunicaciones y la cultura está fuertemente instalada a nivel global, latinoamericano y local. Los estándares internacionales en materia de derecho a la libertad de expresión y derecho a la información han tenido numerosas manifestaciones políticas, académicas y jurídicas.

Unido a estos procesos, es valiosa la producción que reconoce la necesidad de promover la diversidad y pluralidad cultural y la definición de la comunicación como un derecho humano. Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emergentes de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de octubre de 2000, han señalado que “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.

Es por ello que, un nuevo Gobierno deberá promover el desarrollo de una serie de políticas que promuevan la diversidad y pluralidad del intercambio cultural y el fomento de la libertad de expresión y del acceso a la información en el marco de la profundización de los procesos democráticos, promoviendo la diversidad en los medios de Comunicación, con el fin de lograr el libre intercambio de la información y demás bienes culturales.

Es necesario, asimismo, recuperar la sostenibilidad del Fondo de Fomento Cinematográfico y acompañar el proyecto de Ley de creación del Instituto del Libro. Al mismo tiempo, la promoción de las artes escénicas -poniendo en valor el patrimonio cultural, los museos y los espacios culturales-; la visibilización de los proyectos y emprendimientos populares e independientes en articulación con cooperativas artísticas y de la economía popular; la recuperación del protagonismo del Instituto del Teatro, de la Música y de Cine y Artes Audiovisuales; y, la promoción de la presencia en mercados y festivales internacionales creando sinergias con actores regionales y globales deberán ser ejes de trabajo de un nuevo gobierno en materia de cultura y comunicación.

Otro desafío que deberá enfrentar el nuevo Gobierno reside en el impulso de políticas de integración cultural y comunicacional a nivel federal y latinoamericano con el objetivo de profundizar la unidad nacional, como así también la unidad de la Argentina con los países de la Región.

POLITICA EXTERIOR E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

La tan declamada “vuelta al mundo” del gobierno de la Alianza Cambiemos se limitó al regreso a los mercados de crédito internacionales que culminó con la vuelta al Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta lectura equivocada de la situación internacional llevó a una pérdida de la centralidad del proyecto de integración regional, a una apertura comercial indiscriminada y a un acelerado ciclo de endeudamiento externo.

En un mundo complejo -que aún no ha logrado superar la crisis sistémica del 2008- con insuficientes e inadecuados controles y regulaciones del sistema financiero internacional, el gobierno de la Alianza Cambiemos contrajo un irresponsable endeudamiento externo que situará a la política exterior del próximo Gobierno ante a un sistema de poderes e intereses concentrados que intentarán restar autonomía y grados de libertad a nuestras decisiones soberanas.

En los últimos años estamos asistiendo al fin del orden unipolar en el sistema internacional y a la paulatina emergencia de un sistema multipolar con un mayor número de actores clave, conducente a una creciente tensión, porque las modificaciones en las hegemonías y en las relaciones de fuerzas no se dan sin conflictos y tensiones.

La revolución tecnológica está transformando de manera irreversible nuestras sociedades, con un fuerte impacto en el modelo productivo, en el mundo del trabajo, en lo social y cultural, a la vez que modifica la forma en que se construye, se acumula, se ejerce y se difunde el poder, afectando las relaciones entre los Estados. Este nuevo escenario en conformación nos desafía a pensar una política exterior distinta que nos permita relacionarnos con todos los países del mundo bajo la premisa de una clara defensa de la soberanía, el interés nacional, la integración regional y el multilateralismo.

El próximo Gobierno debe retomar una política de respeto del derecho internacional, así como promover la democratización del Sistema de Naciones Unidas e impulsar una agenda del desarrollo sustentable, entendiendo que democracia, desarrollo y derechos humanos conforman un trinomio indisoluble que forma parte de las políticas fundamentales de las naciones más justas.

La Argentina tiene que volver a ser un miembro activo en los foros multilaterales para alcanzar consensos y soluciones sobre temas como el tratamiento del fenómeno migratorio, la trata de personas, la igualdad de género, la defensa del uso pacífico de la energía nuclear, el combate contra el narcotráfico, el crimen organizado y los efectos del calentamiento global. Resulta imperativo también apoyar e impulsar una agenda verde que promueva la mitigación del cambio climático, el uso sostenible de los océanos y mares, los ecosistemas terrestres y detenga la pérdida de la diversidad biológica.

Hoy nuestra región atraviesa un proceso de “desintegración regional” que favorece a los grupos económicos más concentrados y debilita la democracia y el Estado de Derecho. La pérdida de centralidad del Mercado Común del Sur (Mercosur) y su debilitamiento político e institucional, la virtual parálisis de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el intento de destrucción de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) contribuyen a una creciente intrascendencia de la región a nivel global que agudiza la dependencia y la pérdida de autonomía.

La integración regional y la relación estratégica con nuestros vecinos, en especial con Brasil, es una de las claves para alcanzar un desarrollo sustentable. Debemos multiplicar nuestros esfuerzos para que el debate por la integración, la defensa de la producción nacional, las economías regionales, la promoción de las exportaciones y el incremento de su valor agregado sea una tarea que se coordine entre las distintas fuerzas sociales, económicas y políticas que aspiramos a construir un país más justo e inclusivo.

Nuestra política exterior debe retomar con firmeza y constancia la defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Se trata de una disputa territorial bilateral que abarca un área de más de 1.500.000 km2 con importantes y estratégicos recursos renovables y no renovables.

Resulta imperioso recuperar una voz propia y soberana en nuestras decisiones internacionales para construir una política exterior al servicio de un modelo de desarrollo que contemple el bienestar de las mayorías. Una política que tenga como ejes fundamentales la defensa y promoción del trabajo argentino, la apertura de nuevos mercados, la integración regional, relaciones bilaterales equilibradas y la promoción de acuerdos en materia de cooperación científica y tecnológica. Una política que recupere el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, la solución pacífica de las controversias, el respeto a los derechos humanos y la soberanía e integridad de las naciones.

DEFENSA

Las Fuerzas Armadas se encuentran en estado crítico. Su organización y volumen responde a necesidades de un escenario estratégico anacrónico. Su equipamiento es obsoleto, está desactualizado y su utilización es limitada. Los accidentes, fallas, problemas de adiestramiento y dificultades logísticas son expresión de esta situación.

El presente de las Fuerzas tiene un efecto desmoralizador en los hombres y las mujeres que eligen desarrollar su carrera profesional en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. Este personal posee un comportamiento y cultura consustanciados con la democracia.

El tablero estratégico internacional también ejerce presión en nuestra Región, aportando incertidumbre. Sudamérica se ha vuelto un ámbito de competencia entre potencias globales tales como Estados Unidos, China y Rusia, fundamentalmente. No se debería descartar entonces que emergieran tensiones por la apropiación de recursos naturales y por el control de áreas y vías de comunicación. La planificación defensiva del nuevo gobierno deberá ponderar estas novedades, en concordancia también con la Política Exterior.

Argentina requiere una política de Defensa cooperativa y que garantice su autodefensa en los términos del art. 51 de la Carta de Naciones Unidas. Esto supone una aplicación efectiva de los criterios de organización militar conjuntos y una actualización gradual acorde a las disponibilidades presupuestarias de las capacidades militares. Un plan realista de equipamiento que permita a las Fuerzas Armadas cumplir con su misión central, la defensa de la soberanía territorial de la Nación, y hacer frente a otras demandas de la sociedad: catástrofes, logística antártica, etc.

El nuevo Gobierno priorizará entonces el desarrollo de capacidades de vigilancia, comunicaciones, ciber-defensa y movilidad, para proyectar presencia y operar en zonas soberanas y de interés nacional. Se debe transitar hacia un modelo de Fuerzas Armadas compactas y ágiles, profesionalizadas, tecnológicamente actualizadas, y sustentables logística y presupuestariamente.

La revalorización del Consejo de Defensa Suramericano de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) favorecerá un abordaje diplomático de controversias regionales, así como la articulación de iniciativas colectivas frente a actores y/o situaciones extra-regionales. La sinergia entre los sistemas científico, tecnológico y productivo de la Defensa y el sistema universitario y de institutos nacionales de I+D (CONAE, CONEA, Instituto Antártico, FADEA, CINAR, INVAP, CITEDEF, etc.) potenciará el desarrollo económico y social del país. La adecuación del sistema educativo de la Defensa con el sistema educativo nacional, aportará estándares de calidad superior a la carrera profesional de los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas.