El proyecto es impulsado por el Partido Justicialista con apoyo de sectores opositores. De ser aprobado en el Congreso, la norma implica una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas correspondiente para usuarias y usuarios residenciales, dependiendo su situación de mayor o menor vulnerabilidad. Es un alivio para un gran sector de la población en varias provincias argentinas.

La iniciativa da respuesta a una demanda histórica de parte de asociaciones de defensa al consumidor, usuarios y usuarias de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y más de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires que se suman al beneficio que ya tiene la región patagónica.

La ampliación del beneficio es un alivio para millones de usuarios y pone de manifiesto la diferencia de proyecto de país con la gestión de Juntos por el Cambio. En cuatro años el macrismo generó pobreza energética en un amplio sector de la población argentina a partir de la dolarización tarifaria.

La iniciativa fue presentada hoy con la firma del presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, y resulta del trabajo entre legisladores y legisladoras de diferentes bloques, que acordaron en conjunto el texto luego de analizar varias propuestas. En el marco de la presentación, se destacó que en la Argentina de hoy, las tarifas no pueden aumentar más que los salarios.

“Este proyecto reconoce lo que implica el peso de las tarifas para la economía familiar y equilibra el impacto que puedan tener. En el caso de Mendoza, el beneficio es para más de 415 mil hogares con acceso a red de gas, y 200.000 que utilizan garrafa, en un clima que sabemos que agrega adversidades en cuanto a sus temperaturas”, comentó la senadora nacional y presidenta del Partido Justicialista de Mendoza Anabel Fernández Sagasti.

Los diferentes bloques acordaron que para cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas hay que superar el tarifazo de la gestión anterior e ir hacia un esquema de servicios públicos accesible. Desde el Frente de Todos, Consenso Federal y Unidad y Equidad Federal plantearon que se trata de un alivio para los habitantes de los territorios incluidos que desde hace décadas piden este reconocimiento.